Constituciones vanguardistas para el Tercer Mundo*

(*Columna publicada en: Política & Rock de Chile)

En Latinoamérica una Constitución es percibida como un texto con un montón de derechos y principios, que en el mejor de los casos es una declaración de ideales que desde el colegio algunos profesores insisten en decir que es la ley más importante de nuestro país (¿qué clase de ley tan importante puede ser incumplida siempre? –rebatían inmediatamente nuestras mentes infantes); y en el peor de los casos, un texto sin valor alguno que ni siquiera conocemos. Grosso modo diría que estos son los dos tipos de percepción más comunes en el Tercer Mundo, donde la ciudadanía plena es una aspiración con las justas.

Bolivia y Ecuador representan dos casos estupendos en el estudio de la Constitución y la realidad sobre la que se aplica. Ambos países latinoamericanos han promulgado hace no más tres años nuevas Constituciones que han entrado en vigor como resultado de procesos que yo calificaría de revolucionarios.

Como carezco de un conocimiento siquiera decente de la política interna de esos países, no me atrevería a hacer un análisis acerca de cómo viene operando cada Norma Suprema en sus respectivas realidades. Apenas me propongo, luego de una revisión de sus capítulos en Derechos Fundamentales, mostrar algunos de sus aspectos más adelantados.

En las dos Constituciones se reconoce como un derecho fundamental el derecho al agua en el entendido de que es vital para la salud y sustento económico de los pueblos, así como por la conservación del medio ambiente. Otro de los derechos reconocidos son el de la comunicación, en el más amplio sentido, que establece el rol de los medios de comunicación cuya propiedad debe mantener un carácter plural, así también se le otorga una función educativa y respetuosa de la interculturalidad; y el derecho a la ciencia, la cultura y la investigación, en el que el Estado asume el deber de dar políticas públicas que promuevan estas áreas en beneficio del interés general.

Los derechos sociales clásicos son repotenciados al reformularlos en clave de dignidad del ser humano y de interculturalidad (valor fundamental en sociedades heterogéneas). El derecho al trabajo alude a las condiciones mínimas en que debe prestarse, los beneficios sociales, la no discriminación, los jóvenes en el trabajo, las mujeres embarazadas y sus descansos, los sindicatos y diversas garantías para su práctica, etc. Otro tanto puede decirse de los derechos a la salud y a la educación, cuyo ensalce de la medicina ancestral en el primer caso y la enseñanza intercultural bilingüe en el segundo, son una muestra de aspectos muy de avanzada en el desarrollo de los derechos fundamentales, en consonancia con el desarrollo teórico pero sobre todo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, habría que mencionar los apartados especiales que hacen ambos textos cuando tratan el tema de grupos minoritarios entre los que se encuentran las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los jóvenes, los discapacitados, los niños, niñas y adolescentes, los presos, los enfermos terminales y los inmigrantes. A cada uno de estos grupos se les reconoce un abanico de derechos y garantías que suponen una auténtica reivindicación en el más alto nivel jurídico. Mención aparte merecen como colectividad los pueblos o nacionalidades (categoría aún mayor, con una capacidad enorme de ser explotada por la interpretación de los jueces), a los que le son reconocidos los derechos a su territorio, a la consulta previa sobre los actos que puedan afectar su territorio, a la participación política en todos los niveles del Estado, entre muchos otros.

Se trata concluyentemente de Constituciones de vanguardia en materia de protección de derechos fundamentales así como de reivindicación de grupos minoritarios. Estamos en presencia de dos textos en el que el pluralismo constitucional ocupa un lugar central, y que deberían inspirar otros textos en la región, especialmente en países con sociedades fragmentadas.

Pero luego del elogio al texto, viene la pregunta importante: ¿cuánto puede hacer una Constitución para conseguir una sociedad más justa verdaderamente? Aventuro respuesta: bastante aunque no todo. O sea, es una gran herramienta que requiere de estupendos operadores, así de fácil. Si las cosas van mal con ambos países de seguro que no es culpa de sus Constituciones, por el contrario, podrían ir peor sin ellas.

Políticas racistas en épocas de crisis*



*Columna preparada para el portal chileno Política & Rock

“Aquí nos ven como animales” – me dijo ella sin pizca de ironía, mientras el metro nos llevaba a nuestro destino. Acababa de aterrizar en Roma, quería conocer algunas ciudades europeas luego de haber terminado el intercambio en España y antes de regresar a Perú. Ella no me conocía pero me esperó en la salida del aeropuerto, me ayudó a cargar las maletas y subimos en el metro. Ella era la esposa de mi tío quien no había podido escapar del trabajo para irme a recoger personalmente. Ambos eran inmigrantes ilegales en Italia.

Pronunció la frase con un registro de voz regular y me pareció un poco temerario porque “ellos” nos rodeaban en el vagón del metro. Es probable que no tuviera miedo porque “ellos” no entendían español, aunque a mí me gusta pensar que ella no tuvo miedo de ser escuchada. Luego de esa frase, “ellos”, los italianos, se habían vuelto mis enemigos pero a diferencia de ella yo sí les temía.

Mi sentido de justicia no puede evitar asumir la posición de la minoría y especialmente en este caso no pude evitar sentirme un inmigrante ilegal también. A mí ya me había causado un dolor irreparable saberme (más bien recordarme) en una tierra, en un mundo, lleno de odio insensato, de la más vil irracionalidad, del absurdo sobre absurdo llamado racismo.

Esta forma de odio denominada racismo está tan viva que hay políticas enteras de varios estados con contenidos racistas. Dos grandes potencias mundiales están en plena ebullición racista con dos leyes funestas: el Estado de Arizona de los Estados Unidos con la criminalización de la inmigración ilegal y Francia con la ley anti-gitanos. Basta recordar que ambas leyes se ensañan contra dos minorías raciales: la latinoamericana y la romaní.

¿Por qué el odio como un sentimiento pasa al odio como política estatal? En la actualidad han aparecido dos factores que contribuyen a esta causa: el ejercicio poco democrático de la política y la crisis económica.

El primer factor tiene que ver con la manera de ejercer la política de Nicolas Sarkozy y de Jan Brewer, Presidente de Francia y Gobernadora de Arizona respectivamente. Practican el decisionismo, es decir ejercen una autoridad fuerte, capaz de resolver los problemas del estado más allá de las discusiones y opiniones de otros, especialmente los de las minorías. El objetivo es preservar el orden y la prosperidad amenazados por los “enemigos”.

El segundo factor es la crisis económica que es un terreno fértil para este tipo de gobiernos, la ciudadanía se encuentra vulnerable debido a la escasez de trabajo y de ingresos y ve gravemente amenazada su calidad de vida. Necesita de alguien que solucione los problemas con eficacia.

Los gobiernos de este tipo intentan legitimarse presentando al grupo minoritario como el enemigo que produce o que contribuye a la reinante inestabilidad y establecen medidas radicales para exterminar al enemigo consiguiendo una sensación de alivio en su población.

Sin embargo el alivio será fugaz y el odio será perpetuo. Lo cierto es que la prosperidad económica no va a regresar cuando los latinos ilegales y los gitanos hayan desaparecido de estos estados. La crisis permanecerá porque encuentra sus causas en otros factores.

Mientras tanto los gobernadores habrán humillado millones de vidas, ilusiones y sentimientos. Y nosotros, el mundo, sólo habremos contemplado el odio y su evolución.

El calvario de García Toma

Pobre García Toma, actual ministro de Justicia y ex presidente del Tribunal Constitucional (ay qué buenas épocas), ha quedado como un verdadero papanatas luego de firmar el D.L. 1097 (al margen de si la exposición de motivos presentada al Congreso fue la del Ministerio de Defensa o la de Justicia).

 

Este decretito, que tiene como objetivo permitir la salida de militares que son procesados por delitos contra los derechos humanos, debía ser firmado inevitablemente por el buen García Toma.

Al prestigioso jurista, uno de los magistrados más activistas que desarrolló la doctrina nacional de la imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos, se le solicitó firmar un decreto que niega todos sus postulados más elementales.

¿Cómo hacemos para que este “buenón” de García Toma firme esto? – se habrán preguntado Alan García y Rafael Rey.

 

“¡Que se haga la exposición de motivos!” – se le puede haber ocurrido a alguno de ellos,

 

“Voilá” – habrá respondido el otro.

García Toma cedió a la presión política del presidente (a la vez presionado por Rey) y se contentó con muy poco, con una exposición de motivos apenas. Según él, como hay una exposición de motivos tan bien hecha, no servirá para los propósitos de liberar violadores de derechos humanos, ya que los jueces deberán tomarla en cuenta para interpretar la norma.

La verdad es que la exposición de motivos sirve para poco más que nada, casi ni para hacer historia, y el jurista lo sabe de sobra, él interpretó como juez constitucional miles de veces diversas normas, y yo no recuerdo que haya recurrido ni una sola vez a la exposición de motivos de ninguna de ellas (y soy un asiduo lector de las sentencias del TC).

Así que no le creo eso de la exposición de motivos, por favor, cedió a la presión y punto. Pero un desliz lo tiene cualquiera, y el prestigio bien logrado no puede acabarse así por así, esto es fácilmente solucionable: O deroga el DL 1097 o renuncia, todo lo demás lo disminuye.

Mañana Fujimori

Mañana se dicta sentencia en el caso Fujimori por violación a los derechos humanos en los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta. Que es un hecho histórico en la vida de la República del Perú es una verdad repetida hasta el hartazgo. Desde esta tribuna yo quiero expresar mi deseo porque se condene al delincuente que decidió matar seres humanos con las más crueles formas so pretexto de combatir el terrorismo.

Ya empezaron a salir los tontos de sus guaridas para dar opiniones a favor del acusado basadas principalmente en el absurdo: “Él derrotó al terrorismo”. Pero bien lo recuerda un periodista en un artículo publicado ayer en La República, que este es un juicio, y por tanto tiene carácter jurídico y no político. Sin embargo este periodista llega a la conclusión inédita de que no se ha probado su culpabilidad en el juicio.

Para empezar a mí no me queda duda que así fuera un juicio político el ex-dictador lo perdería largamente. Pero, ciñámonos a las reglas: evaluemos con argumentos jurídicos.

Como es obvio, en ningún caso de delitos cometidos por la criminalidad organizada se dejan pruebas directas del crimen. Sería tan ilógico como firmar papeles ordenando la matanza de seres inocentes, o como elaborar un organigrama en donde diga: “Juan Quispe es el capo de la mafia y la directora de asesinatos es María Pérez”.

Por esta razón la fiscalía ha elaborado la acusación sobre la base de prueba indiciaria, esto quiere decir que si bien única y directamente éstas no prueban la comisión de delito alguno, si son analizadas en su conjunto y dentro del contexto en que se dieron pueden llegar a generar certeza en los jueces sobre la culpabilidad.

¿Existe prueba que demuestre la culpabilidad de Fujimori?

Largamente sí. En primer lugar Fujimori era el jefe del Estado y su asesor era Vladimiro Montesinos, a quien se le había encargado el SIN organismo encargado de dirigir la guerra sucia contra el terrorismo. El hecho que ambos salieran a declarar juntos siempre, el respaldo infinito que le dio el primero al segundo en todo momento, y el hecho que hayan vivido juntos en el SIN, creo que demuestra indubitablemente el nivel de vinculación que existía entre ambos. (Nota: Me parece increíble que haya gente que haya olvidado esto a sólo 9 años).

En segundo lugar, Fujimori no realizó acto real alguno para investigar estos hechos de violaciones de derechos humanos (su defensa aquí es que no leía Caretas, evalúen ustedes su credibilidad), por el contrario felicitó a los integrantes del grupo Colina, y por si fuera poco años después, con control del parlamento, otorgó una ley de amnistía a los acusados.

En tercer lugar, la cantidad de testimonios en su contra sobre estos hechos directamente son arrolladores. No nombremos ni siquiera los secuestros de Gorriti y Dyer. Más bien recordemos lo tajante que fueron las primeras declaraciones de Martin Rivas contando detalle a detalle la participación de Fujimori. Obviamente cambió de postura cuando le convino.

Finalmente, creo que en el terreno jurídico las cosas están más claras que el agua. Por favor basta ya de amnésicos, demos el primer paso a la reconstitución de la confianza en la justicia en el Perú; por lo menos una vez en mi vida quisiera sentir que la impunidad puede acabarse.

Justicia, por favor.

¿Libertad? de expresión

¿Han visto lo que “La República” ha publicado el sábado 10 de enero en su página central? Nada menos que las fotos que demuestran el trato inhumano o tortura que sufrieron los protestantes del Norte del país en el problema con la mina Majaz. Los perpetradores del hecho nada menos que policías, con uniforme y todo. Los vendaron, amarraron las manos, quitaron los zapatos, metieron sus cabezas en costales oscuros, y los hicieron sentar, caminar mientras les gritaban y les decían que no volverían a ver a sus familias. Y todo por qué? Porque protestaban contra la instalación de la mina en esa zona. Si la mina convenía o no, puede discutirse pero el hecho no dejar de ser lamentable.

¿Sabían que estudios de mercado recientes han arrojado cifras que demuestran que los despidos masivos en el sector minero no se justifican pues los ingresos del año 2007 (exitosos) se han prácticamente repetido el año 2008?

¿Sabían que Alan García ha firmado un decreto supremo por el que se da en concesión una mina en Tumbes sin licitación ni concurso de ningún tipo?

Y estas noticias no han resonado en ningún canal, ni radio, ni diarios, ni en pelea de perros, salvo chispasos aislados de diarios, como “La República”, que hacen algún esfuerzo. A lo que quiero llegar es a lo siguiente:

¿POR QUÉ DIABLOS NO NOS ENTERAMOS ESTAS COSAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

La libertad de expresión es un derecho muy raro. En mi libro dice que es un pilar de la democracia, que sirve para discrepar de las opiniones mayoritarias, denunciar los malos manejos, proteger a las minorías y así.

Pero lo que en verdad es la libertad de expresión es el escudo jurídico de los magnates (muchos tristemente célebres) como el señor Miro Quesada, Delgado Parker, los buenasos de los Crousillat, el señor Ángel Delgado y esos. Claro, ellos funcionan en base a pactos con los poderes económicos y político. “Tú, Alan, nos dejas tranquilos, no te metes con nuestra platita, nada de programitas culturales por interés público, ni nada de nada; y nosotros no sacamos tu porquería al aire”.

Entonces que no vengan con cuentos de que cuando se intenta controlarles un poquito están atentando contra la democracia, las cosas con su nombre, atentando contra su bolsillo y nada más. Si fuese contra la democracia escucharíamos más seguido estas noticias que nadie (casi) nos cuenta.

Por eso, a priori, no me parece mala la idea del congresista Edgar Núñez de obligar a todos los medios masivos de comunicación a establecer una hora de su programación a la realización de programas culturales. Cualquiera con dos dedos de frente puede darse cuenta que lo rápido y felinamente que reaccionaron los periodistas de diversos medios contra esta propuesta respondía a órdenes de arriba.

Por favor, un poco menos de cara dura :)

Caso Alejandrino Barreto: ¿El tema de fondo es la eutanasia?

Hoy Victoria Tunque no puede caminar, no puede moverse, no puede hablar, ella tiene un daño cerebral producido por la falta de oxígeno. Todo empezó en enero del año dos mil cuatro cuando ella acudió a emergencias del Hospital Regional de Huancavelica para tratarse pues padeció varias crisis asmáticas severas. Después de ser hospitalizada se determinó que por su grave estado de salud debía ser transferida al Hospital de Huancayo. A los minutos de llegar a dicho hospital sufrió un paro cardio-respiratorio que la dejó muerta en vida.

Según la Defensoría del Pueblo (Informe Médico Nº 053-2007-DP-AAE/GEGM elaborado), este desenlace fatal se pudo haber evitado de diversas formas: 1) se le debió hospitalizar desde el primer momento pues ya se encontraba en estado grave, 2) se le debió suministrar medicamentos más agresivos, 3) se debió utilizar un antibiótico adecuado. De este informe se concluye que hubo negligencia médica por parte de los médicos que atendieron a Victoria en el Hospital de Huancavelica y de quienes la transportaron de ahí a Huancayo.

Este caso no hubiera pasado de ser un punto más de las estadísticas médicas y seguramente yo no estaría escribiendo nada al respecto sino fuera por el esposo de Victoria, el señor Alejandrino Barreto. Él explicando la vida desgraciada que hace más cuatro años llevan su esposa, por los dolores constantes que sufre, y su familia, por el daño psicológico de ver a un ser querido sufrir y sumado a eso el hecho de no tener el dinero suficiente para atender su enfermedad, decidió pedir a las autoridades se le permita practicarle la EUTANASIA.

Alejandrino no planteó la propuesta de la eutanasia porque cree que esa es la única y/o mejor solución, sin embargo la situación familiar no le dejaba casi ninguna salida. La realidad es que no tiene dinero para mantener la existencia de su esposa, porque eso sí con la responsabilidad de cuidar a su esposa no le tiene miedo a seguir viviendo, lo que es insostenible es que pueda seguir manteniendo a su esposa y a su casa a la vez sin ayuda de nadie. Según me contó él mismo, un día se levantó y se le ocurrió la palabra eutanasia (que alguna vez habría escuchado) buscó en el diccionario y pensó que esta podía ser la “solución” a su problema.

Planteado así el tema, sonó en los medios de prensa y se interesaron por el caso. “Cuarto Poder” viajó a Huancavelica, a la casa de Alejandrino, a realizarle una entrevista que sería difundida con el rótulo de: “El derecho de morir”. Luego otro programa de televisión, “Fuego Cruzado”, dio cobertura al caso de Victoria y Alejandrino desde la óptica de un debate acerca de la eutanasia.

Cuando entendí como habían sucedido las cosas me causaron algunas serias reflexiones que quiero compartir con ustedes:

Podemos concluir del desinterés inicial de la prensa que del mismo problema se distinguen claramente entre los casos que les sirve a los medios y los que no: 1) un caso que no les sirve es el de una señora de Huancavelica que está postrada de por vida por culpa de mala práctica médica; y 2) un caso que sí les sirve es el que dada esta situación el esposo pida que se le aplique la eutanasia. La primera no es noticia, la segunda sí. Y es que esta división de casos que hace la prensa responde claramente a intereses económicos, es decir se busca que se trate un tema que capte audiencia (por el morbo que produce la noticia) y que gracias a esta las empresas publiciten en su medio.

Por un lado se podría decir que estamos frente a hechos reprochables de cara a la responsabilidad social del comunicador, pues como hemos visto parece ser que su deber-labor de información a la ciudadanía se encuentra subordinado a otros intereses “más importantes” –que en verdad son menos importantes. Por otro lado sin embargo se puede decir que éste no es necesariamente un comportamiento reprochable sino un uso racional de los medios de comunicación sobre todo si se toma en cuenta la necesidad de generar recursos para que el medio de comunicación se mantenga vigente, o sea la necesidad de que la empresa funcione como tal.

En el caso de los medios de comunicación resulta al menos discutible la calificación de actuación profesional como ética o no. Pero es distinto el caso de aquel ente cuya razón de ser es precisamente el ser humano en sociedad, y que este interés se encuentre subordinado a otros intereses distintos resulta condenable desde todo punto de vista. Aquí ya no hay matices, es absolutamente irresponsable y no ético que el estado soslaye el deber de asistencia social para satisfacer otros intereses.

¿Es deber del estado velar por el bienestar de Alejandrino y su familia? Creo que sí por dos razones. Primero porque en una moderna concepción del estado éste no debe limitarse a ser un espectador de las actuaciones de los privados, sino que dadas las desigualdades materiales entre sus “súbditos” éste debe intervenir para equilibrar la balanza a favor de los que menos oportunidades tiene, en el caso concreto y dado el desafortunado destino de Victoria y su familia el estado tiene el deber de coadyuvar a la familia a mantener una vida digna; en Europa con esta premisa se construye lo que se conoce como el estado social de bienestar y desde esta concepción se establece una serie de políticas sociales favorables justamente a los más pobres, ¿ustedes creen que en el Perú haga falta la misma concepción del estado? Yo creo que sí.

Y la segunda razón es porque está prácticamente demostrado que hubo negligencia médica, lo que le impone al estado ya no sólo la obligación, digamos moral, de cumplir con los pobres, sino que hay una responsabilidad penal y civil directa. Sobre este punto debemos anotar que el tema no ha sido llevado a procesos judiciales como corresponde por varios razones entre las que se encuentra el desconocimiento de Alejandrino y su familia, el desinterés del fiscal quien archivó su caso sin hacer ninguna investigación, la indiferencia de los altos funcionarios públicos encargados, y claro la defensa cerrada de los médicos de quienes todavía se espera el informe de junta médica y como van las cosas seguiremos esperando.

Queda en evidencia una vez más la nula intención del gobierno para acercarse a la gente y atender sus problemas y necesidades, peor aún con las personas más pobres quienes deberían estar primeros en la fila. No existen canales de comunicación para que los pobres puedan acercarse al gobierno, y sólo les queda recurrir a extremos como este caso: inventar un pedido de eutanasia para su esposa. La actitud del estado da lástima y me provoca indignación, por eso alzo mi reclamo con el objeto que se ponga de primero en la fila a ellos quienes más necesitan.

Por eso es que dado así el contexto social peruano a mí la noticia del otorgamiento del grado de inversión al Perú me parece triste, porque sólo nos recuerda que el gobierno aprista ha puesto primeros en la fila de la importancia a los inversionistas. No estoy en contra de ellos pero si en contra del lugar que ocupan en las prioridades del gobierno y que deberían ocupar otros.

Los pobres: El capital más valioso del capitalismo

Laura Bozzo usa panelistas falsos en cada uno de sus programas, le paga algún dinero a personas pobres para que vayan a actuar representando un caso supuestamente de la vida real. Humilla el honor y dignidad de las personas pobres aprovechándose: 1) de la poca valoración propia que tienen estas personas de su honor (debido a su pobremente formada autoestima), o 2) de que la situación económica de estas personas es tan mala que termina pesando más que su propio honor, quedándoles no más salida que la de aceptar el dinerito, o 3) de la combinación de las dos primeras posibilidades.

Panasonic ha sacado un comercial por la televisión que toma a niños pobres como figuras publicitarias terminando con un slogan gigantescamente hipócrita. El comercial lleva como slogan: “¿Qué quieres ver?”, como diciéndole a las personas que lo que sea que quieras ver lo puedes ver a través de sus televisores, y para que tenga mayor impacto coloca niños pobres de regiones tercermundistas deseando ver cosas que nunca han visto (y probablemente no verán). Finalmente en esas regiones, frente al niño que deseó ver un elefante, aparece una televisión Panasonic "High Definition" bastante grande mostrando la imagen deseada, y termina diciendo: “Lo hacemos por ellos”. Si ellos han formado la empresa para que los niños pobres del mundo puedan ver lo que en sus mentes deseen, mañana podremos ver a Fidel Castro corriendo bolsas por Wall Street.

Lourdes Flores –por citar un ejemplo, ya que todos lo hicieron- en la última campaña presidencial subió al cerro San Cristóbal a comerse un plato de un comedor popular y bailar reggaetón con las señoras de dicho comedor. Eso sí previo aseguramiento que la seguía la prensa nacional e internacional de forma masiva.

Todos estos ejemplos me llevan a concluir algo que no quiero aceptar pero que la realidad se encarga a cada momento de recordarme. El sistema capitalista es inevitablemente corruptor en términos sociales.

Los pobres son el capital más rentable del mundo. La paradoja del tema es que a los únicos que no les proporciona utilidades es a los mismos pobres. Entonces podemos comprobar efectivamente que son capital y nada más, han perdido ante los ojos capitalistas la aptitud de “ser humano”, ahora son parte del circuito económico.

Quiénes los usan (¿usamos?) lo hacen porque aprovechan una situación de ventaja, no sólo la ventaja obvia de índole económica, sino otras ligadas como la ventaja de educación. Es como contratar con otro que tiene menos información que tú, la teoría del hombre económico entenderá que aquél que tiene más información (se encuentra en situación de ventaja) la tiene que aprovechar ara obtener la mayor utilidad posible de la relación.

Entonces dirán algunos que sólo están aprovechando su situación de ventaja, que son personas normales y corrientes, pero he ahí justamente lo que el sistema capitalista extremo nos hace olvidar: la solidaridad entre seres humanos. La inmoralidad no cuesta nada en términos económicos, pero millones en términos sociales. ¿Actuamos nosotros como los ejemplos citados?

Sobre la Pena de Muerte

Desde hace ya algún tiempo el tema de la pena de muerte, como alternativa a los distintos problemas que afronta nuestra sociedad, ha sido recurrente en los medios de comunicación y desde ahí en la más coloquial conversación con el taxista.

Sólo quiero presentar mi posición en lo referente a la pena de muerte para el terrorismo, a continuación:

La pena de muerte no es la solución al problema. Es cierto que el terrorismo es uno de los delitos más graves de las que el Perú ha sido víctima, cientos de pueblos indígenas han sufrido los más inhumanos abusos provocados por esta peste, es cierto que el Estado debe poner todas sus fuerzas para impedir que el terrorismo brote nuevamente; sin embargo no es cierto que a la maldad se le tenga que combatir con maldad, no hay lógica en eso.

Preguntémonos, ¿tiene sentido que un mal se elimine por otro mal, o esto generará una suma temeraria? Creo que lo segundo es lo cierto.

Es una certeza científica que la pena más grave no acaba con el delito, no lo disminuye si quiera, y si algo hace aquello será: agravar la situación. No nos dejemos engañar, no perdamos de vista el porqué de la pena, no la usemos para hacer demagogia, por último ni siquiera la usemos para amedrentar a los delincuentes, que siguiendo el camino de la pena más severa se han llegado a cometer los crímenes más horrendos en la historia de la humanidad, tras el escudo del estado y la justicia.

Lo que quiero decirles es que la pena de muerte para los terroristas, no mejorará la situación actual porque estaremos tergiversando el fin de la pena llevándola a los límites de la venganza. Romperemos con la lealtad que el pueblo nos exige con la Constitución, con aquel poder constituido tantas veces mencionado y pocas veces respetado, esto les exijo hoy: respetar la Constitución a ultranza. La Constitución dice que la pena tiene como fin la resocialización, ¿una vez más pasaremos por alto un mandato supremo? La tendencia internacional actual es abolicionista con respecto a la pena de muerte, el Perú es parte de un tratado internacional que no permite agregar nuevos supuestos para la pena de muerte, ¿será que nuevamente nos dejaremos llevar por pasiones y no respetaremos tratados que mancharán el nombre del país?

La conclusión es que no sólo la pena de muerte significaría una ruptura con nuestro ordenamiento jurídico, sino que ni siquiera logrará el fin que persigue, pues no eliminará el terrorismo. Logrará dar apariencia frente al pueblo de que el estado lucha fuertemente contra el terrorismo, lo que sería repetir el engaño continuo a nuestro pueblo.

Dejo claro entonces que la pena de muerte no es la solución al terrorismo, ni siquiera se le acerca. Creo que la solución al problema no pasa por un tema de cambiar la pena ya existente: la cadena perpetua.

Como de lo que se trata es un problema social de gran envergadura, éste tiene distintos niveles de preparación, llámese entrenamiento, ideología, incentivos, financiamiento, etc; el tema de la represión cuando ya se hizo terrorismo creo que podría decirse que queda zanjado con la cadena perpetua (esto también es discutible), pero para acabar con el problema el estado debería empezar a combatir aquellos problemas que hacen que el terrorismo pueda existir como el narcotráfico que financia actividades terroristas, como la educación que es tan pobre que aquellos jóvenes sin formación caen en manos del terrorismo, y así atacar los distintos niveles.

Lo que sucede es que lo más fácil y visible es aumentar o agravar la pena, lo que no quiere decir que es la mejor solución como he podido demostrar. Espero haberlos invitado a la reflexión, y que en adelante cuando vean o escuchen una noticia referente a la pena de muerte, se tomen un segundo más para pensar si es verdaderamente eficiente aplicar la pena de muerte, y no de frente condenar con venganza.